Al llevarse muchos más dólares de los que traen, las empresas contribuyen a agudizar la crónica hambre de divisas de la región; los países «beneficiados se descapitalizan en vez de capitalizarse. Entra en acción, entonces, el mecanismo del empréstito. Los organismos internacionales de crédito desempeñan una función muy importante en el desmantelamiento de las débiles ciudadelas defensivas de la industria latinoamericana de capital nacional, y en la consolidación de las estructuras neocoloniales. La ayuda funciona como el filántropo del cuento, que le había puesto una pata de palo a su chanchito, pero era porque se lo estaba comiendo de a poco. El déficit de la balanza de pagos de los Estados Unidos, provocado por los gastos militares y la ayuda extranjera, crítica espada de Damocles sobre la prosperidad norteamericana, hace posible, al mismo tiempo, esa prosperidad: el Imperio envía el exterior sus marines para salvar los dólares de sus monopolios cuando corren peligro y, más eficazmente, difunde también sus tecnócrata y sus empréstitos para ampliar los negocios y asegurar las materias primas y los mercados.

El capitalismo de nuestros días exhibe, en su centro universal de poder, una identidad evidente de los monopolios privados y el aparato estatal. Las corporaciones multinacionales utilizan directamente al Estado para acumular, multiplicar y concentrar capitales, profundizar la revolución tecnológica, militarizar la economía y, mediante diversos mecanismos, asegurar el éxito de la norteamericanización del mundo capitalista. El Eximbank, Banco de Exportación e Importación, la AID, Agencia para el Desarrollo Internacional, y otros organismos menores cumplen sus funciones en este último sentido; también operan así algunos organismos presuntamente internacionales en los que los Estados Unidos ejercen su incontestable hegemonía: el Fondo Monetario Internacional

y su hermano gemelo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, que se arrogan el derecho de decidir la política económica que han de seguir los países que solicitan los créditos. Lanzándose exitosamente al asalto de sus bancos centrales y de sus ministerios decisivos, se apoderan de todos los datos secreto de la economía y las finanzas, redactan e imponen leyes nacionales, y prohíben o autorizan las medidas de los gobiernos, cuyas orientaciones dibujan con pelos y señales.

La caridad internacional no existe; empieza por casa, también para los Estados Unidos. La ayuda externa desempeña, en primer lugar. una función interna: la economía norteamericana se ayuda a sí misma. El propio Roberto Campos la definía, en los tiempos en que era embajador del gobierno nacionalista de Goulart, como un programa de ampliación de mercados en el extranjero destinado a la absorción de los excedentes norteamericanos y al alivio de la superproducción en la industria de exportación de los Estados Unidos. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos celebraba la buena marcha de la Alianza para el Progreso, a poco de nacida, advirtiendo que había creado nuevos negocios y fuentes de trabajo para empresas privadas de cuarenta y cuatro estados norteamericanos. Más recientemente, en su mensaje al Congreso de enero de 1968, el presidente Johnson aseguró que más del noventa por ciento de la ayuda externa norteamericana de 1969 se aplicaría a financiar compras en los Estados Unidos, “y he intensificado personalmente y en forma directa los esfuerzos para incrementar este porcentaje”. Los cables trasmitieron, en octubre del 69, las explosivas declaraciones del presidente del Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso, Carlos Sanz de Santamaría, quien expresó en Nueva York que la ayuda había resultado un muy buen negocio para la economía de los Estados Unidos, así como para la tesorería de ese país. Desde que, a fines de la década del cincuenta, hizo crisis el desequilibrio de la balanza norteamericana de pagos, los préstamos fueron condicionados a la adquisición de los bienes industriales norteamericanos, por lo general más caros que otros productos similares en otras partes del mundo. Más recientemente se pusieron en acción ciertos mecanismos, como las «listas negativas», para evitar que los créditos sirvan a la exportación de los artículos que los Estados Unidos pueden colocar en el mercado mundial, en buenas condiciones competitivas, sin recurrir al expediente de la auto filantropía. Las posteriores «listas positivas. han hecho posible, a través de la ayuda, la venta de ciertas manufacturas norteamericanas a precios que son entre un treinta y un cincuenta por ciento más altos que los de otras fuentes internacionales. La atadura del financiamiento -dice la OEA en el documento ya citado- otorga «un subsidio general a las exportaciones norteamericanas». Las firmas fabricantes de maquinarias sufren serias desventajas de precios en el mercado internacional, según confiesa el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, «a menos que puedan aprovechar el financiamiento más liberal que se puede obtener bajo los diversos programas de ayuda.

Cuando Richard Nixon prometió desatar la ayuda, en un discurso de fines de 1969, sólo se refirió a la posibilidad de que las compras pudieran efectuarse, alternativamente, en los países latinoamericanos. Este ya era, desde antes, el caso de los préstamos que el Banco Interamericano de Desarrollo otorga con cargo a su Fondo para Operaciones Especiales. Pero la experiencia muestra que los Estados Unidos, o las filiales latinoamericanas de sus corporaciones, resultan siempre los proveedores finalmente elegidos en los contratos. Los préstamos de la AID, el Eximbank y, en su mayoría, los del BID, exigen también que no menos de la mitad de los embarques se realice en barcos de bandera norteamericana. Los fletes de los buques de los Estados Unidos resultan tan caros que en algunos casos llegan hasta a duplicar los precios de las líneas navieras más baratas disponibles en el mundo. Normalmente, son también norteamericanas las empresas que aseguran las mercaderías transportadas, y norteamericanos los bancos a través de los cuales las operaciones se concretan.

La Organización de Estados Americanos ha hecho una reveladora estimación de la magnitud de la ayuda real que América Latina recibe. Una vez separada la paja del grano, se llega a la conclusión de que apenas el 38 por ciento de la ayuda nominal puede considerarse ayuda real. Los préstamos para industria, minería, comunicaciones, y los créditos compensatorios, sólo constituyen ayuda en una quinta parte del total autorizado. En el caso del Eximbank, la ayuda viaja de sur a norte: el financiamiento otorgado por el Eximbank, dice la OEA, en lugar de significar ayuda, implica un costo adicional para la región, en virtud de los sobreprecios de los artículos que los Estados Unidos exportan por su intermedio.

América Latina proporciona la mayoría de los recursos ordinarios de capital del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero los documentos del BID llevan, además de sello propio, el emblema de la Alianza para el Progreso, y los Estados Unidos son el único país que cuenta con poder de veto en su seno; los votos de los países latinoamericanos, proporcionales a sus aportes de capital, no reúnen los dos tercios de mayoría necesarios para las resoluciones importantes. “Si bien el poder de veto de los Estados Unidos sobre los préstamos del BID no ha sido usado, la amenaza de la utilización del veto para propósitos políticos ha influido sobre las decisiones”, reconocía Nelson Rockefeller, en agosto de 1969, en su célebre informe a Nixon. En la mayor parte de los préstamos que concede, el BID impone las mismas condiciones que los organismos abiertamente norteamericanos: la obligación de utilizar los fondos en mercancías de los Estados Unidos y transportar por lo menos la mitad bajo la bandera de las barras y las estrellas, amén de la mención expresa de la Alianza para el Progreso en la publicidad. El BID determina la política de tarifas y de impuestos de los servicios que toca con su varita de hada buena; decide a cuánto debe cobrarse el agua y fija los impuestos para el alcantarillado o las viviendas, previa propuesta de los consultores norteamericanos designados con su venia. Aprueba los planos de las obras, redacta las licitaciones, administra los fondos y vigila el cumplimiento [74]. En la tarea de reestructurar la enseñanza superior de la región de acuerdo con las pautas del neocolonialismo cultural, el BID ha desempeñado un fructífero papel. Sus préstamos a las universidades bloquean la posibilidad de modificar, sin su conocimiento y su permiso, las leyes orgánicas o los estatutos, y a la vez impone determinadas reformas docentes, administrativas y financieras. El secretario general de la OEA designa el árbitro en caso de controversias [75].