Los contratos de la Agencia para el Desarrollo Internacional, AID, no sólo implican mercancías y fletes norteamericanos, sino que, además, habitualmente prohíben el comercio con Cuba y Vietnam del Norte y obligan a aceptar la tutela administrativa de sus técnicos. Para compensar el desnivel de precios entre los tractores o los fertilizantes de Estados Unidos y los que pueden obtenerse, más baratos, en el mercado mundial, imponen la eliminación de los impuestos y aranceles aduaneros para los productos importados con los créditos. La ayuda de la AID incluye jeeps y armas modernas destinadas a la policía, para que el orden interior de los países pueda ser debidamente salvaguardado. No en vano un tercio de los créditos de la AID se obtiene inmediatamente después de su aprobación, pero los dos tercios restantes se condicionan al visto bueno del Fondo Monetario Internacional, cuyas recetas normalmente desatan el incendio de la agitación social. Y por si el FMI no hubiera logrado desmontar, pieza por pieza, como se desmonta un reloj, todos los mecanismos de la soberanía, la AID suele exigir también, de paso, la aprobación de determinadas leyes o decretos. La AID es el vehículo principal de los fondos de la Alianza para el Progreso. El Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso obtuvo del gobierno uruguayo, por no citar más que un ejemplo de los laberintos de la generosidad, la firma de un compromiso por el cual los ingresos y los egresos de los entes del Estado, así como la política oficial en materia de tarifas, salarios e inversiones, pasaron al control directo de este organismo extranjero. Pero las condiciones más lesivas rara vez figuran en los textos de los contratos y los compromisos públicos, y se esconden en las secretas disposiciones complementarias. El parlamento uruguayo nunca supo que el gobierno había aceptado, en marzo de 1968, poner un límite a las exportaciones de arroz de ese año, para que el país pudiera recibir harina, maíz y sorgo al amparo de la ley de excedentes agrícolas de los Estados Unidos.

Muchas dagas brillan bajo la capa de la asistencia a los países pobres. Teodoro Moscoso, que fuera administrador general de la Alianza para el Progreso confesó: «…puede ocurrir que los Estados Unidos necesiten el voto de un país determinado en la Organización de las Naciones Unidas, o en la OEA, y es posible que entonces el gobierno de ese país -siguiendo la consagrada tradición de la fría diplomacia- pida un precio a cambio. En 1962, el delegado de Haití a la Conferencia de Punta del Este cambió su voto por un aeropuerto nuevo, y así los Estados Unidos obtuvieron la mayoría necesaria para expulsar a Cuba de la Organización de Estados Americanos [76]. El ex dictador de Guatemala, Miguel Ydigoras Fuentes, ha declarado que tuvo que amenazar a los norteamericanos con que negaría el voto de su país a las conferencias de la Alianza para el Progreso, para que ellos cumplieran con su promesa de comprarle más azúcar. Podría resultar a primera vista, paradójico que Brasil haya sido el país más favorecido por la Alianza para el Progreso durante el gobierno nacionalista de Joao Goulart (1961-64). Pero la paradoja cesa, no bien se conoce la distribución interna de la ayuda recibida: los créditos de la Alanza fueron sembrados como minas explosivas en el camino de Goulart. Carlos Lacerda, gobernador de Guanabara y, por entonces, líder de la extrema derecha, obtuvo siete veces más dólares que todo el nordeste: el estado de Guanabara, con sus escasos cuatro millones de habitantes, pudo así inventar hermosos jardines para turistas en los bordes de la bahía más espectacular del mundo, y los nordestinos siguieron siendo la llaga viva de América Latina.

En junio de 1964, ya triunfante el golpe de Estado que instaló en el poder a Castelo Branco, Thomas Mann, subsecretario de Estado para asuntos interamericanos y brazo derecho del presidente Johnson, explicó: “Los Estados Unidos distribuyeron entre los gobernadores eficientes de ciertos estados brasileños la ayuda que era destinada al gobierno de Goulart, pensando financiar así la democracia; Washington no dio dinero alguno para la balanza de pagos o el presupuesto federal, porque eso podía beneficiar directamente al gobierno central”. La administración norteamericana había resuelto negar cualquier tipo de cooperación al gobierno de Belaúnde Terry, en el Perú, «a menos que diera las deseadas garantías de que seguiría una política indulgente hacia la Internacional Petroleum Company. Belaúnde rehusó y como resultado, a fines de 1965 no había recibido aún su parte en la Alianza para el Progreso. Posteriormente, como se sabe, Belaúnde transó. Y perdió el petróleo y el poder: había obedecido para sobrevivir. En Bolivia, los préstamos norteamericanos no proporcionaron un solo centavo para que el país pudiera levantar sus propias fundiciones de estaño, de modo que el estaño continuó viajando en bruto a Liverpool y desde allí, ya elaborado, a Nueva York; en cambio, la ayuda dio nacimiento a una burguesía comercial parasitaria, infló la burocracia, alzó grandes edificios y tendió modernas autopistas y otros elefantes blancos, en un país que disputa con Haití la más altas tasas de mortalidad infantil de América Latina. Los créditos de los Estados Unidos o sus organismos internacionales negaban a Bolivia el derecho de aceptar las ofertas de la Unión Soviética, Checoslovaquia y Polonia para crear una industria petroquímica, explotar y fundir el cinc, el plomo y los yacimientos de hierro, e instalar hornos de fundición de estaño y de antimonio. En cambio, Bolivia quedó obligada a importar productos exclusivamente de los Estados Unidos. Cuando por fin cayó el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario, devorado en sus cimientos por la ayuda norteamericana, el Embajador de los Estados Unidos, Douglas Henderson, comenzó a asistir puntualmente a las reuniones de gabinete del dictador René Barrientos.

Los préstamos ofrecen indicaciones tan precisas como las de un termómetro para evaluar el clima general de los negocios de cada país, y ayudan a despejar los nubarrones políticos o las tormentas revolucionarias del transparente cielo de los millonarios.

«Los Estados Unidos van a concertar su programa de ayuda económica en los países que muestren la mayor inclinación a favorecer el clima de inversiones, y retirar la ayuda a los otros países en que una performance satisfactoria no sea demostrada», anunciaron, en 1963, diversos hombres de negocios encabezados por David Rockefeller [77]. El texto de la ley de ayuda extranjera se hace categórico al disponer la suspensión de la asistencia a cualquier gobierno que haya “nacionalizado, expropiado o adquirido la propiedad o el control de la propiedad perteneciente a cualquier ciudadano de los Estados Unidos o cualquier corporación, sociedad o asociación”, que pertenezcan a ciudadanos norteamericanos, en una proporción no inferior a la mitad [78]. No en vano el Comité de Comercio de la Alianza para d Progreso cuenta, entre sus miembros más distinguidos, con los más altos ejecutivos del Chase Manhattan y del City Bank, la Standard Oil, la Anaconda y la Grace. La AID despeja el camino a los capitalistas norteamericanos, de múltiples maneras; entre otras, exigiendo la aprobación de los acuerdos de garantías de las inversiones contra las posibles pérdidas por guerras, revoluciones, insurrecciones o crisis monetarias. En 1966, según el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, los inversionistas privados norteamericanos recibieron estas garantías en quince países de América Latina, por cien proyectos que sumaban más de trescientos millones de dólares, dentro del Programa de Garantía de Inversiones de la AID.

ADELA no es una canción de la revolución mexicana, sino el nombre de un consorcio internacional de inversiones. Nació por iniciativa del First Nacional City Bank de Nueva York, la Standard Oil de Nueva Jersey y la Ford Motor Co. El grupo Mellon se incorporó con entusiasmo y también poderosas empresas europeas porque, al decir del senador Jacob Javits, “América Latina proporciona una excelente oportunidad para que los Estados Unidos, al invitar a Europa a 'entrar', muestren que no buscan una posición de dominio o exclusividad…”. Pues bien, en su informe anual de 1968, ADELA agradeció muy especialmente al Banco Interamericano de Desarrollo los empréstitos concedidos para impulsar los negocios del consorcio en América Latina, y en el mismo sentido saludó la obra de la Corporación para el Financiamiento Internacional, uno de los brazos del Banco Mundial. Con ambas instituciones, ADELA está en contacto continuo para evitar la duplicación de los esfuerzos y para evaluar las oportunidades de inversión. Múltiples ejemplos podrían proporcionarse de otras santas alianzas parecidas. En Argentina, los aportes latinoamericanos a los recursos ordinarios del BID han servido para beneficiar con muy convenientes empréstitos a empresas como Petrosur S.A.I.C, filial de la Electric Bond and Share, con más de diez millones destinados a la construcción de un complejo petroquímico, o para financiar una planta de piezas de automotores a Armetal S. A., filial de Tbe Budd Co., Filadelfia, USA. Los créditos de la AID hicieron posible la expansión de la planta de productos químicos de la Atlántica Richfield Co., en el Brasil, y el Eximbank proporcionó generosos préstamos a la ICOMI, filial de la Bethlehem Steel en el mismo país. Gracias a los aportes de la Alianza para el Progreso y el Banco Mundial, la Phillips Petroleum Co. pudo dar nacimiento en 1966, también en Brasil, al mayor complejo de fábricas de fertilizantes de América Latina. Todo se computa con cargo a la ayuda, y todo pesa sobre la deuda externa de los países agraciados por la diosa Fortuna.