El jefe de una misión técnica norteamericana Brasil, John Abbink, había anticipado, proféticamente, en 1950: «Los Estados Unidos deben estar preparados para guiar la inevitable industrialización de los países no desarrollados, si se desea evitar el golpe de un desarrollo económico intensísimo fuera de la égida norteamericana… La industrialización, si no es controlada de alguna manera, llevarla a una sustancial reducción de los mercados estadounidenses de exportación. En efecto, ¿acaso la industrialización, aunque sea teleguiada desde fuera, no sustituye con producción nacional las mercaderías que antes cada país debía importar del exterior? Celso Furtado advierte que, a medida que América Latina avanza en la sustitución de importaciones de productos más complejos, «la dependencia de in sumos provenientes de la matrices tiende a aumentar. Entre 1957 y 1964 se duplicaron las ventas de las filiales norteamericanas, en tanto sus importaciones, sin incluir los equipamientos, se multiplicaron por más de tres. «Esa tendencia parecería indicar que la eficacia sustitutiva es una función decreciente de la expansión industrial controlada por compañías extranjeras.

La dependencia no se rompe, sino que cambia de calidad: los Estados Unidos venden, ahora, en América Latina, una proporción mayor de productos más sofisticados y de alto nivel tecnológico. «A largo plazo -opina el Departamento de Comercio, a medida que crece la producción industrial mexicana, se crean mayores oportunidades para exportaciones adicionales de los Estados Unidos…». Argentina, México y Brasil son muy buenos compradores de maquinaria industrial, maquinaria eléctrica, motores, equipos y repuestos de origen norteamericano. Las filiales de las grandes corporaciones se abastecen en sus casas matrices, a precios deliberadamente caros. Refiriéndose a los costos de instalación de la industria automotriz extranjera en Argentina, Viñas y Gastiazoro dicen, en este sentido: “Pagando estas importaciones a precios muy elevados, giraban fondos hacia el exterior.

En muchos casos, estos pagos eran tan importantes que las empresas no sólo daban pérdidas [a pesar del precio a que se vendían los automotores] sino que comenzaron a quebrar, esfumándose rápidamente el valor de las acciones colocadas en el país… El resultado fue que de las veintidós empresas 'radicadas' quedan actualmente diez, algunas al borde de la quiebra…”.

Para mayor gloria del poder mundial de las corporaciones, las subsidiarias disponen así de las escasas divisas de los países latinoamericanos. El esquema de funcionamiento de la industria satelizada, en relación con sus lejanos centros de poder, no se distingue mucho del tradicional sistema de explotación imperialista de los productos primarios. Antonio García sostiene que la exportación “colombiana” de petróleo crudo ha sido siempre, estrictamente, una transferencia física de aceite crudo desde un campo norteamericano de extracción hasta unos centros industriales de refinado, comercialización y consumo en Estados Unidos, y la exportación “hondureña” o “guatemalteca” de plátano, ha tenido el carácter de una transferencia de alimentos que efectúan unas compañías norteamericanas desde unos campos coloniales de cultivo hasta unas áreas norteamericanas de comercialización y consumo. Pero las fábricas “argentinas”, “brasileñas” o “mexicanas”, por no citar más que las más importantes, también integran un espacio econ6mico que nada tiene que ver con su localización geográfica. Forman, como muchos otros hilos, la urdimbre internacional de las corporaciones, cuyas casas matrices trasladan las utilidades de un país a otro, facturando las ventas por encima o por debajo de los precios reales, según la dirección en que desean volcar las ganancias [82]. Resortes fundamentales del comercio exterior quedan así en manos de empresas norteamericanas o europeas que orientan la política comercial de los países según el criterio de gobiernos y directorios ajenos a América Latina. Así como las filiales de Estados Unidos no exportan cobre a la URSS ni a China ni venden petróleo a Cuba, tampoco se abastecen de materias primas y maquinarias en las fuentes internacionales más baratas y convenientes.

Esta eficiencia en la coordinación de las operaciones en escala mundial, por completo al margen del «libre juego de las fuerzas del mercado», no se traduce, claro está, en precios más bajos para los consumidores nacionales, sino en utilidades mayores para los accionistas extranjeros. Es elocuente el caso de los automóviles. Dentro de los países latinoamericanos, las empresas disponen de una mano de obra abundante y muy, pero muy, barata, además de una política oficial en todos los sentidos favorable a la expansión de las inversiones: donaciones de terrenos, tarifas eléctricas privilegiadas, redescuentos del Estado para financiar las ventas a plazos, dinero fácilmente accesible y, por si fuera poco, d auxilio ha llegado en algunos países hasta el extremo de eximir a las empresas del pago de los impuestos a la renta o a las ventas. El control del mercado resulta, por otra parte, de antemano facilitado por el prestigio mágico que, ante los ojos de la clase media, irradian las marcas y los modelos promovidos por gigantescas campañas mundiales de publicidad. Sin embargo, todos estos factores no impiden, sino que determinan, que los autos producidos en la región resulten mucho más caros que en los países de origen de las mismas empresas. Las dimensiones de los mercados latinoamericanos son mucho menores, bien es cierto, pero también es cierto que en estas tierras el afán de ganancias de las corporaciones se excita como en ninguna otra parte. Un Ford Falcon construido en Chile cuesta tres veces más que en Estados Unidos, un Valiant o un Fíat fabricados en la Argentina tienen precios de venta que duplican con creces los de Estados Unidos o Italia, y otro tanto ocurre con el Volkswagen de Brasil en relación con el precio en Alemania.

Wright Patman. el conocido parlamentario norteamericano, considera que el cinco por ciento de las acciones de una gran corporación puede resultar suficiente, en muchos casos, para su control liso y llano por parte de un individuo, una familia o un grupo económico. Si un cinco por ciento basta para la hegemonía en el seno de las empresas todopoderosas de los Estados Unidos, ¿qué porcentaje de acciones se requiere para dominar una empresa latinoamericana? En realidad, alcanza incluso con menos: las sociedades mixtas, que constituyen uno de los pocos orgullos todavía accesibles a 1a burguesía latinoamericana, simplemente decoran el poder extranjero con la participación nacional de capitales que pueden ser mayoritarios, pero nunca decisivos frente a la fortaleza de los cónyuges de fuera. A menudo, es el Estado mismo quien se asocia a la empresa imperialista, que de este modo. obtiene, ya convertida en empresa nacional, todas las garantías deseables y un clima general de cooperación y hasta de cariño. La participación «minoritaria» de los capitales extranjeros se justifica, por lo general, en nombre de las necesarias transferencias de técnicas y patentes. La burguesía latinoamericana, burguesía de mercaderes sin sentido creador, atada por el cordón umbilical al poder de la tierra, se hinca ante los altares de la diosa Tecnología. Si se tomaran en cuenta, como una prueba de desnacionalización, las acciones en poder extranjero, aunque sean pocas, y las dependencia tecnológica, que muy rara vez es poca, ¿cuántas fábricas podrían ser consideradas realmente nacionales en América Latina? En México, por ejemplo, es frecuente que los propietarios extranjeros de la tecnología exijan una parte del paquete accionario de las empresas, además de decisivos controles técnicos y administrativos y de la obligación de vender el producción a determinados intermediarios también extranjeros, y de importar la maquinaria y otros bienes desde sus casas matrices, a cambio de los contratos de trasmisión de patentes o know-how. No sólo en México. Resulta ilustrativo que los países del llamado Grupo Andino (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú) hayan elaborado un proyecto para un régimen común de tratamiento de los capitales extranjeros en el área, que hace hincapié en el rechazo de los contratos de transferencia de tecnología que contengan condiciones como éstas. El proyecto propone a los países que se nieguen a aceptar, además, que las empresas extranjeras dueñas de las patentes fijen los precios de los productos con ellas elaborados o que prohíban su exportación a determinados países.