Empobrecidos, incomunicados, descapitalizados y con gravísimos problemas de estructura dentro de cada frontera, los países latinoamericanos abaten progresivamente sus barreras económicas, financieras y fiscales para que los monopolios, que todavía estrangulan a cada país por separado, puedan ampliar sus movimientos y consolidar una nueva división del trabajo, en escala regional, mediante la especialización de sus actividades por países y por ramas, la fijación de dimensiones óptimas para sus empresas filiales, la reducción de los costos, la eliminación de los competidores ajenos al área y la estabilización de los mercados. Las filiales de las corporaciones multinacionales sólo pueden apuntar a la conquista del mercado latinoamericano, en determinados rubros y bajo determinadas condiciones que no afectan la política mundial trazada por sus casas matrices. Como hemos visto en otro capítulo, la división internacional del trabajo continúa funcionando, para América Latina, en los mismos términos de siempre. Sólo se admiten novedades dentro de la región. En la reunión de Punta del Este, los presidentes declararon que «la iniciativa privada extranjera podrá cumplir una función importante para asegurar el logro de los objetivos de la integración., y acordaron que el Banco Interamericano de Desarrollo aumentara “los montos disponibles para créditos de exportación en el comercio intralatinoamericano”.

La revista Fortune evaluaba en 1967 las «seductoras oportunidades nuevas» que el mercado común latinoamericano abre a los negocios del norte: «En más de una sala de directorio, el mercado común se está convirtiendo en un serio elemento para los planes de futuro. Ford Motor do Brasil, que hace los Galaxies, piensa tejer una linda red con la Ford de Argentina, que hace los Falcons, y alcanzar economías de escala produciendo ambos automóviles para mayores mercados. Kodak, que ahora fabrica papel fotográfico en Brasil, gustaría producir películas exportables en México y cámaras y proyectores en Argentina. Y citaba otros ejemplos de «racionalización de la producción y extensión del área de operaciones de otras corporaciones, como l. T.T., General Electric, Remington Rand, Otis Elevator, Worthington, Firestone, Deere, Westinghouse y American Machine and Foundry. Hace nueve años, Raúl Prebisch, vigoroso abogado de la ALALC, escribía: “Otro argumento que escucho con frecuencia desde México hasta Buenos Aires, pasando por San Pablo y Santiago, es que el mercado común va a ofrecer a la industria extranjera oportunidades de expansión que hoy día no tiene en nuestros mercados limitados… Existe el temor de que las ventajas del mercado común se aprovechen principalmente por esa industria extranjera y no por las industrias nacionales… Compartí ese temor, y lo comparto, no por mera imaginación, sino porque he comprobado en la práctica la realidad de ese hecho…”. Esta comprobación no le impidió suscribir, algún tiempo después, un documento en el que se afirma que «al capital extranjero corresponde, sin duda, un papel importante en el desarrollo de nuestras economías, a propósito de la integración en marcha, proponiendo la constitución de sociedades mixtas en las que «el empresario latinoamericano participe eficaz y equitativamente. ¿Equitativamente? Hay que salvaguardar, es cierto, la igualdad de oportunidades. Bien decía Anatole France que la ley, en su majestuosa igualdad, prohíbe tanto al rico como al pobre dormir bajo los puentes, mendigar en las calles y robar pan. Pero ocurre que en este planeta y en este tiempo una sola empresa, la General Motors, ocupa tantos trabajadores como todos los que forman la población activa de Uruguay, y gana en un solo año una cantidad de dinero cuatro veces mayor que el íntegro producto nacional bruto de Bolivia.

Las corporaciones conocen ya, por anteriores experiencias de integración, las ventajas de actuar como insiders en el desarrollo capitalista de otras comarcas. No en vano el total de las ventas de las filiales norteamericanas diseminadas por d mundo es seis veces mayor que él valor de las exportaciones de los Estados Unidos. En América Latina, como en otras regiones, no rigen las incómodas leyes antitrusts de los Estados Unidos. Aquí los países se convierten, con plena impunidad, en seudónimos de las empresas extranjeras que los dominan. El primer acuerdo de complementación en la ALALC fue firmado, en agosto de 1962, por Argentina, Brasil, Chile y Uruguay; pero en realidad fue firmado entre la IBM, la IBM, la IBM y la IBM. El acuerdo eliminaba derechos de importación para el comercio de maquinarias estadísticas y sus componentes entre los cuatro países, a la par que alzaba los gravámenes a la importación de esas maquinarias desde fuera del área la IBM World Trade “sugirió a los gobiernos que si eliminaban los derechos para comerciar entre sí construiría plantas en Brasil y Argentina”. Al segundo acuerdo, firmado entre los mismos países, se agregó México: fueron la RCA y la Philips of Eindhoven quienes promovieron la exoneración para el intercambio de equipos destinados a radio y televisión y así sucesivamente. En la primavera de 1969, el noveno acuerdo consagró la división del mercado latinoamericano de equipos de generación, trasmisión y distribución de electricidad, entre la Union Carbide, la General Electric y la Siemens. El Mercado Común Centroamericano, por su parte, esfuerzo de conjunción de las economías raquíticas y deformes de cinco países, no ha servido más que para derribar de un soplo a los débiles productores nacionales de telas, pinturas, medicinas, cosméticos o galletas, y para aumentar las ganancias y la órbita de negocios de la General Tire and Rubber Co., Procter and Gamble, Grace and Co., Colgate Palmolive, Sterling Products o National Biscuits, La liberación de derechos aduaneros ha corrido.también pareja, en Centroamérica, con la elevación de las barreras contra la competencia extranjera externa (por decirlo de alguna manera), de modo que las empresas extranjeras internas puedan vender más caro y con mayores beneficios: «Los subsidios recibidos a través de la protección tarifarias exceden el valor total agregado por el proceso doméstico de producción, concluye Roger Hansen.

Las empresas extranjeras tienen, como nadie, sentido de las proporciones. Las proporciones propias y las ajenas. ¿Qué sentido tendría instalar en Uruguay, por ejemplo, o en Bolivia, Paraguayo Ecuador, con sus mercados minúsculos, una gran planta de automóviles, altos hornos siderúrgicos o una fábrica importante de productos químicos? Son otros los trampolines elegidos, en función de las dimensiones de los mercados internos y de las potencialidades de su crecimiento. FUNSA, la fábrica uruguaya de neumáticos, depende en gran medida de la Firestone, pero son las filiales de la Firestone en Brasil y en Argentina las que se expanden con vistas a la integración. Se frena el ascenso de la empresa instalada en Uruguay, aplicando el mismo criterio que determina que la Olivetti, la empresa italiana invadida por la General Electric, elabore sus máquinas de escribir en Brasil y sus máquinas de calcular en argentina. «La asignación eficiente de recursos requiere un desarrollo desigual de las diferentes partes de un país o región», sostiene Rosenstein-Rodan, y la integración latinoamericana tendrá también sus nordestes y sus polos de desarrollo. En el balance de los ocho años de vida del Tratado de Montevideo que dio origen a la ALALC, el delegado uruguayo denunció que «las diferencias en los grados de desarrollo económico [entre los diversos países] tienden a agudizarse, porque el mero incremento del comercio en un intercambio de concesiones recíprocas sólo puede aumentar la desigualdad preexistente entre los polos del privilegio y las áreas sumergidas. El embajador de Paraguay, por su parte, se quejó en términos parecidos: afirmó que los países débiles absurdamente subvencionan el desarrollo industrial de los países más avanzados de la Zona de Libre Comercio, absorbiendo sus altos costos internos a través de la desgravación arancelaria y dijo que dentro de la ALALC el deterioro de los términos de intercambio castiga a su país tan duramente como fuera de ella: “Por cada tonelada de productos importados de la Zona, el Paraguay paga con dos”. La realidad, afirmó el representante de Ecuador, «está dada por once países en distintos grados de desarrollo, lo que se traduce en mayores o menores capacidades para aprovechar el área del comercio liberado y conduce a una polarización en beneficios y perjuicios…». El embajador de Colombia extrajo «la única conclusión: el programa de liberación beneficia en una desproporción protuberante a los tres países grandes» [88]. A medida que la integración progrese, los países pequeños irán renunciando.sus ingresos aduaneros -que en Paraguay financian la mitad del presupuesto nacional- a cambio de la dudosa ventaja de recibir, por ejemplo, desde Sáo Paulo, Buenos Aires o México, automóviles fabricados por las mismas empresa que aún los venden desde Detroit, Wolfsburg o Milán a la mitad de precio. Esta es la certidumbre que alienta por debajo de las fricciones que el proceso de integración provoca en medida creciente. La exitosa aparición del Pacto Andino, que congrega a las naciones del Pacifico, es uno de los resultados de la visible hegemonía de los tres grandes en el marco ampliado de la ALALC: los pequeños intentan unirse aparte. Pero pese a todas las dificultades, por espinosas que parezcan, los mercados se extienden a medida que los satélites van incorporando nuevos satélites a su órbita de poder dependiente. Bajo la dictadura militar de Castelo Branco, Brasil firmó un acuerdo de garantías para las inversiones extranjeras, que descarga sobre el Estado los riesgos y las desventajas de cada negocio. Resultó muy significativo que el funcionario que había concertado el convenio defendiera sus humillantes condiciones ante el Congreso, afirmando que, «en un futuro cercano, Brasil estará invirtiendo capitales en Bolivia, Paraguayo Chile y entonces necesitará de acuerdos de este tipo [89].